8 de enero de 2026
La Iglesia en España ha dado hoy un paso decisivo en su camino de purificación, verdad y justicia. La Conferencia Episcopal Española (CEE) y el Gobierno de España han alcanzado un acuerdo fundamental para coordinar y ejecutar la reparación a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial, estableciendo un marco de actuación conjunto que coloca la dignidad de las víctimas y su sanación en el centro de la vida pública y eclesial.
Este pacto, fruto del diálogo institucional y de la firme voluntad de transparencia de los obispos españoles, materializa las recomendaciones recogidas en el informe del Defensor del Pueblo, diseñando un sistema de garantías que asegura que ninguna víctima quede desamparada, independientemente del tiempo transcurrido.
Un modelo de colaboración basado en la justicia restaurativa
El acuerdo ha sido refrendado tras el encuentro entre el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello. Ambas instituciones han coincidido en la necesidad de ofrecer una respuesta unitaria y eficaz al dolor causado.
Los puntos clave de este acuerdo nacional establecen una hoja de ruta clara:
-
Aceptación de las recomendaciones del Defensor del Pueblo: La Iglesia hace suyos los criterios éticos y procedimentales sugeridos por el Alto Comisionado de las Cortes Generales para la reparación.
-
Responsabilidad económica directa: La Conferencia Episcopal Española se compromete a asumir el pago de las compensaciones económicas a las víctimas en los casos que le conciernen, sin derivar esta responsabilidad al Estado.
-
Colaboración con el órgano administrativo: Se trabajará en estrecha cooperación con el órgano independiente que el Gobierno pondrá en marcha para evaluar y dictaminar sobre los casos denunciados.
La responsabilidad moral ante los casos prescritos
Uno de los aspectos más profundos y trascendentes de este acuerdo es el tratamiento de los casos que, civilmente, ya no tienen recorrido judicial, sea por la prescripción del delito o por el fallecimiento del victimario.
La Iglesia española, movida por un imperativo ético y pastoral superior a la mera legalidad civil, ha manifestado su voluntad de reparar también estos casos. Cuando exista una convicción moral de la veracidad del abuso, la Iglesia no se amparará en la prescripción legal, sino que procederá a la reparación integral (espiritual, psicológica y económica) de la víctima. Este gesto subraya que el compromiso con la verdad y la ayuda al que sufre es incondicional y no caduca.
Un sistema de garantías y transparencia
Para articular este proceso, el acuerdo prevé la participación de la Iglesia en el órgano administrativo que evaluará las solicitudes de reparación. Este organismo tendrá la potestad de:
-
Reconocer la condición de víctima.
-
Determinar las medidas de reparación necesarias.
-
Establecer las cuantías económicas correspondientes.
La CEE ha reiterado que todas las diócesis, institutos de vida consagrada y entidades religiosas de España actuarán bajo este paraguas común, garantizando equidad y celeridad en todos los rincones del país.
Hacia un horizonte de esperanza
Con este acuerdo, la Iglesia en España reafirma su determinación de ser un entorno seguro y de erradicar cualquier conducta que atente contra la dignidad de la persona. Este paso institucional no solo busca cerrar heridas del pasado, sino sentar las bases de un futuro donde la transparencia y la justicia sean los pilares de la convivencia eclesial y social.
Desde la Conferencia Episcopal se invita a todos los fieles a acompañar este momento con la oración, pidiendo para que este instrumento jurídico sirva verdaderamente para la paz y el consuelo de quienes han sufrido el mal en el seno de la comunidad cristiana.