La diócesis de Bilbao, la archidiócesis de Burgos y la diócesis de Coria-Cáceres son las más transparentes, según el segundo informe de buen gobierno de las diócesis de la Fundación Haz, referido a 2020. La diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño figura en quinto puesto en un ranking que cierran Almería, Canarias y Lugo. La riojana es también la segunda que más mejora.
Fundación Haz (antes Compromiso y Transparencia), con apoyo de Porticus, publica el segundo informe de ‘Rendición de cuentas y transparencia en la Iglesia’, disponible en www.hazfundacion.org, en el que examina la transparencia y el buen gobierno en las 69 diócesis y archidiócesis territoriales españolas.
A pesar de ser solo la segunda edición, «las diócesis muestran un importante incremento en los niveles de transparencia con respecto al año anterior», afirma el informe, y aumenta el cumplimiento en todas las áreas analizadas, así como en 61 de las 69 diócesis de la muestra.
Destacan las dos sedes que más han mejorado: la diócesis de San Sebastián ha incrementado su transparencia en 15 puntos, seguida con un aumento de 14 puntos de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.
Las diócesis ‘translúcidas’ representa el 79%, las ‘transparentes’ pasan de dos a tres (el 4%) y las clasificadas como ‘opacas’ descienden al 17%. De este modo, el informe concluye que «el 83% de las diócesis españolas supera el examen de transparencia».
Lidera el ranking Bilbao (con 30 puntos sobre 38), seguida de la archidiócesis de Burgos (29), la diócesis de Coria-Cáceres (27) y las de Toledo y San Sebastián (25). La diócesis riojana se sitúa quinta (con 23 puntos), empatada con Mérida-Badajoz y Orihuela-Alicante.
Los resultados se desprenden del análisis de 19 indicadores organizados en seis grandes áreas: información histórica y administrativa sobre la diócesis, estructuras de dirección y gobierno, principales políticas económicas y de gestión de riesgos, el plan diocesano, información económica y resultados de la actividad.
El área política ha pasado de un cumplimiento del 4% en el 2019 a un 25%. El incremento se debe en gran parte al indicador de la política relativa a la protección de menores, que ha pasado de un cumplimiento del 6% el ejercicio anterior al 50%.